Acudir a los tribunales de Comercio y Propiedad de Reino Unido ha sido la última estrategia del régimen de Nicolás Maduro, en serios aprietos económicos, por recuperar 31 toneladas de lingotes de oro de las arcas del Banco Central de Venezuela, que resguarda desde hace años el Banco de Inglaterra. La jugada ha dado un giro inesperado esta semana en medio de la prolongada crisis institucional, de reconocimiento y duplicidad de instituciones, que vive el país sudamericano. El Gobierno de Caracas contrató al bufete del abogado británico Sarosh Zaiwalla para representar a Venezuela ante una corte de Londres. El aparato chavista solicitó la transferencia al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) de 930 millones de euros, que equivalen a las reservas en oro venezolano en el Banco de Inglaterra, para atender la pandemia del coronavirus en el país. El jueves, sin embargo, el tribunal rechazó la petición y planteó un nuevo juicio para determinar primero cuál es la autoridad legítima del país. Es decir tendrá que decidir entre Maduro y el líder de la oposición, Juan Guaidó, aún hoy reconocido como presidente interino por más de 50 países.

“El Banco de Inglaterra tiene una obligación moral de permitir que Venezuela venda el oro para que el PNUD pueda ayudar eficazmente al pueblo venezolano en la lucha contra la covid-19”, ha dicho Zaiwalla, aunque oficialmente el Gobierno ha asegurado haber aplanado la curva de contagios y se prepara para empezar la desescalada desde el próximo lunes. Durante décadas, Venezuela almacenó parte de sus reservas de oro en las bóvedas de instituciones financieras extranjeras, incluido el Banco de Inglaterra, que proporciona servicios de custodia de oro a los países en desarrollo. Pero a finales de 2018 el Gobierno de Maduro empezó a tener problemas para movilizar esos recursos, cuando intentó repatriar la mitad de los lingotes. La crisis de legitimidad de Maduro por las elecciones cuestionadas del 20 de mayo de 2018 empezaba a cercarlo. Las sanciones estadounidenses al propio Maduro y otros funcionarios, en algunos casos por señalamientos de vínculos con tramas de lavado de dinero, corrupción y narcotráfico, y a partir de 2018 las europeas, también han mantenido encendidas las alarmas bancarias.

Meses después de que se intentaran repatriar los lingotes, Guaidó pidió directamente a la entonces primera ministra, Theresa May, que no devolviese el oro al régimen de Maduro. El gesto fue secundado por diputados británicos y este año el actual primer ministro, Boris Johnson, dio un cálido espaldarazo a la gira del líder de la oposición por Europa. Además de la petición política, Guaidó designó en julio de 2019 una junta paralela para el Banco Central de Venezuela, como ya había hecho con la petrolera PDVSA y su filial Citgo para controlar los activos más importantes del país, mientras empuja una salida del Gobierno de Maduro.

Reuters informó de que los abogados de Zaiwalla & Co calificaron la decisión del tribunal como “un resultado justo y bueno”. El procurador especial designado por Guaidó, José Ignacio Hernández, mantiene que en el juicio que comenzará en junio podrán tomarse otras decisiones, “pero no lo que pidió Maduro”. En un comunicado agrega que la corte acogió los argumentos de la junta opositora del BCV y que dirimir el conflicto de autoridad les permitirá, además, “resolver otro caso en la misma corte, en el cual el régimen de Maduro pretende apropiarse de 120 millones de dólares derivados de la terminación de un contrato de swap [permuta] de oro”.

El nudo de este conflicto institucional está en la evasión de los controles parlamentarios al Ejecutivo sobre el presupuesto, el movimiento de activos en el extranjero, la firma de contratos, créditos y acuerdos internacionales. Es esto lo que también hace improcedente a nivel constitucional que se utilicen esos recursos que el Gobierno de Maduro asegura haber acordado entregar al PNUD, sin que la Asamblea Nacional, presidida por Guaidó, lo apruebe. El mismo requisito también ha hecho inviable el otorgamiento de financiamiento multilateral, siendo el caso más reciente el rechazo que hizo el Fondo Monetario Internacional (FMI) de una petición de auxilio de Maduro por 5.000 millones de dólares.

Desde hace cinco años, cuando la oposición ganó las elecciones a la Asamblea Nacional y el chavismo perdió el control político que había mantenido en esta instancia por 17 años, Maduro ha buscado vías alternas para saltar este enorme escollo político. Lo ha hecho a través de los bloqueos judiciales del Supremo y la persecución a los miembros del Parlamento, la creación de uno paralelo en la figura de la Asamblea Nacional Constituyente y ahora con demandas en cortes extranjeras. Por ello, la renovación del Parlamento prevista para este año se ha convertido en el principal objetivo del chavismo.

Maduro enfrenta el séptimo año en recesión económica, en medio de la caída global de los precios del petróleo y una mermada producción por el colapso de su principal industria PDVSA. El régimen ha tenido que hacer uso de las reservas internacionales para sostenerse, al punto de llevarlas este año a su nivel más bajo en tres décadas.

El oro que se extrae desde 2016 sin mayores controles de transparencia en el Arco Minero del Orinoco, y también los lingotes que resguarda en su sede en Caracas el BCV han sido usados por Maduro para resistir en el estrecho margen que le dan las sanciones económicas. En un informe del Consejo Mundial del Oro, se señala que el BCV fue la institución bancaria que más vendió oro monetario en el mundo durante 2017 y 2018. Hace un año, 3,6 toneladas de lingotes con etiquetas del BCV fechadas en la década de los 40 del siglo pasado fueron retenidas en Uganda. Según la policía de ese país el lote pertenecía a un envío mayor hecho desde Venezuela y que había aterrizado en el país africano para ser procesadas en la refinería African Gold Refinery Limited y posteriormente enviadas a Turquía, uno de los aliados comerciales de Maduro.

Fuente y créditos: ElPaís